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PROTOCOLO BULLRICH ANTI PROTESTA Y REPRESIVO

04/04/2016 Deja un comentario

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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN MANIFESTACIONES PÚBLICAS

Bariloche, 17 de febrero de 2016

VISTO la Ley 24.059 de Seguridad Interior, los Decretos 1273 del 21 de julio de 1992, 6 y 13 de diciembre de 2015, y

CONSIDERANDO que conforme lo establecido en la Constitución Nacional, y los Tratados internacionales incorporados a ella, el Estado Argentino se ha comprometido a garantizar los Derechos Humanos de todas las personas (Conforme artículo 75 inciso 22 CN, in fine).

Que el Estado debe brindar la certeza de que todos los miembros de la sociedad pueden gozar de los mismos derechos, por ello, la libertad de un individuo o grupo termina donde comienza la del otro; manifestar en la vía pública, es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente, tales como el derecho de peticionar a las autoridades, el de libertad de expresión, el derecho de reunión, o el derecho de huelga; los que a su vez suponen, que quienes no participan de una manifestación en la vía pública, no vean afectados sus derechos a circular libremente, a trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y demás derechos también amparados constitucionalmente.

Que es deber del Estado asegurar el orden público, la armonía social, la seguridad jurídica, y el bienestar general, por ello ante la alteración del ejercicio equilibrado de derechos, debe lograr su inmediato restablecimiento a los fines de garantizar la libertad de todos; para ello debe brindar certezas respecto del accionar de las FFSS ante la situación de manifestaciones en la vía pública y, garantizar que ante tal situación, los derechos de la ciudadanía en general, del personal de las FFSS y de los manifestantes, se encuentren protegidos por el Estado, preservando la libertad, la vida, integridad física, y bienes de las personas, así como el patrimonio público y privado que pueda verse afectado con motivo u ocasión de la manifestación.

Que a los fines de lograr los objetivos planteados, el MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación, o las autoridades competentes de los GOBIERNOS PROVINCIALES y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de acuerdo a su jurisdicción, coordinarán los operativos con los cuerpos policiales o fuerzas de seguridad federa-les, tanto en manifestaciones programadas como en manifestaciones espontáneas.

Que el Ministerio de Seguridad por delegación del Presidente de la Nación, además de las competencias que le son otorgadas por la Ley de Ministerios, ejerce la conducción política del esfuerzo nacional de policía (conforme artículo 8 de la ley 24.059); que conforme el Decreto 13/2015 de fecha 10 de diciembre de 2015, en-tiende en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas policiales y de seguridad nacionales (Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional Argentina) y provinciales.

Que entiende en la coordinación de las acciones tendientes a solucionar situaciones extraordinarias o emergencias que se produzcan en el territorio de la Nación.
Por ello, los firmantes adhieren a la presente Resolución.
LA MINISTRO DE SEGURIDAD RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establézcase el “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN MANIFESTACIONES PÚBLICAS” que como Anexo forma parte de la presente.

Artículo 2º Los Gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adecuaran el protocolo a sus características, a sus códigos contravencionales, sus códigos de procedimientos y establecerán el momento para dar intervención a la justicia en virtud de las facultades no delegadas de las provincias garantizadas por la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 3 º.- Regístrese, comuníquese y archívese.
RESOLUCIÓN Nº

ANEXO

Capítulo I.- De las manifestaciones espontáneas y programadas:
A los fines de la presente, se consideran manifestaciones públicas a las concentraciones pacíficas de personas, que se expresan con un fin o motivo en común, las que podrán ser programadas o espontáneas, y que se desarrolla por un período limitado de tiempo.

Programadas. Cuando el MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación, o las autoridades competentes de los GOBIERNOS PROVINCIALES y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de acuerdo a su jurisdicción, tomen conocimiento de manera anticipada, por cualquier medio.
Dicha autoridad competente tomará contacto con los líderes de la manifestación, a fin de que se encauce la misma en el marco del presente Protocolo y las leyes vi-gentes. Se coordinaran las mismas de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia.

Espontáneas. Son aquellas manifestaciones no programadas.

Ámbito de aplicación: Las FFSS federales deberán acatar las disposiciones de la presente resolución en el ámbito de jurisdicción federal. Las FFSS provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Tanto las FFSS federales, provinciales, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus respectivas jurisdicciones, deben garantizar la libre circulación de personas y bienes – sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales – dicha numeración es ejemplificativa y no taxativa, disponiendo con criterio objetivo la táctica a utilizar, con atención preferencial de personas que requieran una protección especial de sus derechos, tales como niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Capítulo II.- Del Procedimiento:
Ante una manifestación pública, las FFSS procederán de acuerdo a las siguientes reglas:

I.- Comunicarán tal situación en forma inmediata al MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación, o las autoridades competentes de los GOBIERNOS PROVINCIALES y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de acuerdo a su jurisdicción. Se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la justicia. Resuelto positiva o negativamente la negociación, el Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación. Se advertirá que ante el incumplimiento de dicha instrucción, se encontrarán incursos en el artículo 194 del Código Penal, y en su caso, en las contravenciones previstas en cada jurisdicción. Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación. Las instrucciones de la autoridad policial se harán por medio de frases cortas y claras. El personal de las FFSS no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes.

II.- Una vez liberadas las vías de circulación, el MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación, las autoridades competentes de los GOBIERNOS PROVINCIALES y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, instruirán a los funcionarios civiles afectados al operativo, a aquellos pertenecientes a los Ministerios de las demandas involucradas, y al personal civil que considere pertinente de los organismos y/o entidades involucradas, a establecer una instancia de negociación con el líder o representante del grupo de manifestantes, a los fines de canalizar sus reclamos a las áreas que correspondan. De todo lo actuado se labrará un acta que deberá ser firmada por todos los miembros que hayan participado del acuerdo.

III.- Si entre los manifestantes se encontraren personas y/o grupos de personas que inciten a la violencia y/o porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo que pudiere dañar la integridad de las personas, de los miembros de las FFSS, los bienes que se encontraren en el lugar de la protesta, y el medioambiente, las FFSS procederán a aislar e identificar a dichas personas, tomar las medidas necesarias para prevenir la posible comisión de delitos y proceder al secuestro de los elementos contundentes.

IV.- Si se provocaren daños con motivo u ocasión de la manifestación se procederá a detener a los autores del hecho en virtud de la infracción al artículo 183 del Código Penal, o el que en definitiva resulte de la investigación a llevarse a cabo, dándose inmediata intervención al Juez o Fiscal competente. Sin perjuicio de ello se pro-moverá la acción civil contra el causante del daño, la entidad con personería jurídica o gremial a la que pertenezca, contra sus representantes legales o administrado-res de hecho y/o contra quien corresponda, con el objetivo de que se repongan los bienes dañados.

V.- Ante la comisión de delitos de acción pública, se procederá conforme a las normas vigentes y las directivas que el Juez o Fiscal actuante impartieren. Si durante la manifestación hubiere detenidos, se les informará el motivo de su detención, se dará lectura de sus derechos y se procederá a su inmediato traslado, quienes deberán ser puestos a disposición de la justicia, asegurando los medios probatorios.

VI.- El uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa. Las FFSS federales y provinciales dictaran protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso de armas no letales. El uso de la fuerza debe respetar los principios de:

✓ Legalidad.
✓ Oportunidad.
✓ Último recurso frente a una resistencia o amenaza.
✓ Gradualidad.

VII.- La FFSS encargada dispondrá el apoyo de personal, y de los elementos de seguridad cercanos para que realicen las tareas específicas de tránsito, asistencia sanitaria, bomberos, defensa civil, etc.

Capítulo III.- De los medios de comunicación:
La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas.

Capítulo IV: Del Personal:
Las responsabilidades operativa y de supervisión, recaerán en funcionarios diferentes. La jefatura de cada FFSS designará a ambos responsables (Jefe del Operativo de Seguridad y Oficial Supervisor) conforme la situación y envergadura del evento, notificando previamente al MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación, o las autoridades competentes de los GOBIERNOS PROVINCIALES y de la CIUDAD AU-TÓNOMA DE BUENOS AIRES de acuerdo a su jurisdicción, a través de los ámbitos correspondientes.
Se podrán utilizar medios de protección física pasiva (vallas), para preservar la integridad física de la ciudadanía en general, personal de las FFSS y manifestantes. Las FFSS acompañarán la desconcentración de la manifestación para que se produzca sin alterar el orden público, preservando la vida, los derechos o la propiedad de las personas. Finalizada la intervención y replegado el personal, en caso de corresponder, se elevarán las actuaciones de todo lo ocurrido a la autoridad judicial competente.

Capítulo V.- De la utilización de imágenes y comunicaciones:
I.- En la medida de las posibilidades, se procederá a la filmación (video y audio) y fotografía de los operativos, para el caso de ser requeridas posteriormente por la Justicia, o permitan evaluar el desempeño del personal interviniente.

II.- Se preverán todos los resguardos y controles necesarios para asegurar el res-peto, en todas las etapas del operativo, de lo establecido por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, el Decreto Reglamentario PEN N° 950/2002 y sus modificatorias.-

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DESPIDO POR EMBARAZO

02/03/2016 Deja un comentario

Protección por Maternidad

La trabajadora embarazada en la legislación argentina.

Por Diego Martín Andisco. Abogado (UBA). Periodista. Especialista en derecho laboral

I- Introducción

La legislación laboral argentina protege expresamente a las trabajadoras en estado de embarazo. Este resguardo tiene su origen en la Constitución Nacional que en su artículo 14 bis establece el derecho a la seguridad social que comprende diferentes derechos para los trabajadores entre los que se encuentra la protección integral de la familia.

De esta manera, la ley fundamental establece como principio rector la protección integral de la familia y la legislación laboral especifica en que la misma consiste en diferentes derechos establecidos en ese sentido, entre el que se encuentra la protección de la maternidad.

II- La protección a la maternidad

La ley de Contrato de Trabajo en su artículo 177 determina la prohibición de trabajar para la mujer embarazada durante los 45 días anteriores al parto y hasta los 45 días después. La legislación también ofrece la posibilidad a la madre de ejercer la opción para que se le reduzca  la licencia anterior al parto a 30 días teniendo la posibilidad de gozar 60 días de descanso con posterioridad al nacimiento.

En el caso de las madres que den a luz a chicos con síndrome de Down, la ley 24.716 otorga licencia y asignación especiales. De esta manera, las mujeres comprendidas en esta ley tienen derecho a una licencia que se extiende por un período de 6 meses una vez finalizada la de 90 días referida en el párrafo anterior. En ese período la trabajadora no percibe remuneraciones sino una asignación familiar especial cuyo monto debe ser igual a la remuneración que hubiese percibido en caso de realizar tareas.

El empleador debe conservar el empleo a la trabajadora durante los 90 días de licencia y esta última tiene derecho a cobrar una asignación por maternidad que no debe pagarla el empleador sino el sistema de seguridad social, la que también debe ser equivalente a la suma del salario bruto que debió haber percibido en caso de prestar servicios.

III- Notificación del embarazo al empleador.

 La legislación exige que la mujer embarazada notifique en forma fehaciente al empleador su estado mediante la presentación de un certificado médico en el que debe constar la fecha probable de parto. En consecuencia, la mujer en estado de gravidez tiene dos obligaciones concretas: comunicar el embarazo mediante el envío de un telegrama o la presentación de una nota  cuya recepción sea firmada por el empleador o el jefe de personal, y presentar un certificado médico en cual debe encontrarse transcripta la fecha probable de parto.

La notificación del embarazo al empleador resulta relevante ya que a partir que la misma se produce, la mujer tiene derecho a la estabilidad en el empleo que le permite acceder a una indemnización agravada en caso de ser despedida.

Respecto al significado del término “notificación fehaciente” la jurisprudencia determinó que no es necesario para que la misma sea eficaz que se trate de una comunicación formal y escrita. La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo precisó que no puede resultar creíble que en el pequeño mundo que forma la comunidad de trabajo donde se desempeñaba la actora un hecho tan trascendental en la vida de cualquier mujer como es un embarazo de 8 meses de gestación al tiempo de la ruptura de la relación, pudiese ser desconocido por el personal jerárquico o los integrantes de la sociedad.

IV- Despido durante el período de embarazo.

 Como una derivación de la estabilidad de la mujer embarazada o la madre reciente, en aquellos casos en los cuales la trabajadora es despedida dentro de los 7 meses y medio anteriores o posteriores en que se produce el parto, la ley presume, salvo prueba en contrario, que el despido obedece al estado de embarazo. En consecuencia, cuando el despido se produce en ese plazo, la trabajadora tiene derecho a una indemnización especial equivalente a un año de remuneraciones (13 meses de sueldo).

La indemnización agravada no resulta procedente en los casos que la trabajadora esté contratada a plazo fijo y el plazo vence, o cuando se cumpla el servicio extraordinario en los contratos de trabajo eventual, ya que no se trata de despidos.

La presunción de que el despido obedece al estado de embarazo también rige durante el período de prueba de 3 meses. En estos casos la jurisprudencia mayoritaria entiende que la trabajadora es la que debe probar que el despido constituye una práctica discriminatoria y que la maternidad fue el motivo determinante del despido.

V- Descansos diarios por lactancia   

 Una vez que finaliza la licencia y la madre tiene que volver a cumplir tareas puede disponer de dos pausas de media hora para amamantar a su hijo durante la jornada laboral. La trabajadora puede disponer de estos intervalos por un plazo no mayor a un año posterior a la fecha del alumbramiento, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre nutra al hijo por un tiempo mayor.

VI- Estado de excedencia.

 Se denomina estado de excedencia a la situación en la que puede colocarse voluntariamente la trabajadora que ha tenido un hijo 48 horas antes de que finalice su licencia por maternidad. Se trata de una licencia especial y cuando la misma finaliza la trabajadora debe reincorporarse a su trabajo. Es un derecho que la trabajadora tiene y que el empleador se encuentra obligado a conceder.

Durante el período de excedencia la trabajadora no percibe remuneraciones ni debe presentarse a trabajar y su duración no puede ser menor a 3 meses ni mayor a 6 meses. Como ya se refirió en el párrafo precedente la trabajadora debe comunicar por escrito que decidió gozar del estado de excedencia dentro de las 48 hs  previas a la finalización de la licencia por maternidad. En el caso que la trabajadora no notifique al empleador de su determinación de gozar de la excedencia y no se presente a trabajar al día siguiente que culmine su licencia, se presume que eligió unilateralmente terminar el contrato de trabajo.

Durante el período de excedencia el empleador no debe realizar los aportes correspondientes a la seguridad social y la trabajadora no tiene el derecho a la prestación por obra social.

VII- Reincorporación de la trabajadora.

 Cuando vence el período de excedencia y la trabajadora se reintegra al trabajo, el empleador puede tomar dos actitudes de acuerdo a lo que establece nuestra legislación:

1) Disponer su reingreso:

a) en un cargo de la misma categoría que ocupaba la trabajadora al momento del nacimiento de su hijo; puede variarse el puesto pero no la categoría.

b)   en un cargo superior o inferior al que tenía al momento del parto. Para que esto suceda es indispensable la conformidad de la trabajadora.

2) No admitir su reingreso:

a) En este caso la trabajadora debe ser indemnizada por despido sin causa.

b) Si el empleador prueba la imposibilidad de reincorporarla tiene que pagar una indemnización reducida equivalente al 25 por ciento de la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo.

Fuentes consultadas:

– Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de Julio Armando Grisolía. Ed. Lexis Nexis.

– Leyes Fundamentales del Trabajo: sus Reglamentos y Anotaciones de Juan Carlos   Fernández Madrid. Ed. Pulsar.

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LA TERCERZACION

02/03/2016 1 comentario

LA TERCERZACION

FUENTE: http://www.derechoslaborales.com.ar/2015/05/tercerizacion/

Cuando hablamos del proceso de caracterización nos referimos a la decisión que toma una empresa de contratar a otra para que realice determinadas tareas, dentro o fuera de su establecimiento, que son necesarias para poder realizar su actividad.

Legalmente la caracterización no se encuentra prohibida siempre y cuando no se vulneren los derechos del trabajador.  En este sentido nuestra Constitución Nacional le marca límites muy concretos al establecer: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: “condiciones dignas y equitativas de labor” e “igual remuneración por igual tarea” (art. 14 bis). Es decir que de acuerdo a nuestra Ley suprema el trabajador que se encuentra tercerizado debe gozar de las mismas condiciones de trabajo y percibir el mismo salario que tiene el personal propio de la empresa donde presta servicios.

FRAUDE A LA LEY: Es una práctica habitual de muchas empresas beneficiarse con el trabajo que reciben de trabajadores que son registrados en relación de dependencia por empresas intermediarias que generalmente actúan como meras proveedoras de personal, todo ello a los fines de reducir costos laborales. Esto trae como consecuencia una discriminación en las condiciones de trabajo entre los trabajadores registrados por la empresa principal y los trabajadores “tercerizados o temporarios” que fueron proveídos por la intermediaria. Generalmente esto se da como consecuencia de la aplicación de otro Convenio Colectivo de Trabajo para los “tercerizados o temporarios” que establecen condiciones de trabajo y escalas salariales inferiores a la que se le aplica a los empleados permanentes de la empresa principal.

AGENCIAS DE SERVICIOS EVENTUALES

Muchas veces en la practica las empresas recurren a una agencia de servicios eventuales para contratar a un trabajador “eventual o temporario” para realizar tareas que no son eventuales sino que por el contrario tienen el carácter de habituales y permanentes del proceso productivo que se desarrolla en la empresa en donde prestan servicios. Es importante destacar que la ley establece como límite en 6 meses el tiempo máximo en que una tarea puede ser considerada eventual. Por ello los trabajadores “tercerizados o eventuales” tienen derecho, mientras se encuentre vigente la relación laboral, a reclamarle a su real empleador (el que se beneficia directamente con su trabajo) a que registre la relación laboral y le abone las diferencias salariales de acuerdo al convenio colectivo que corresponda aplicarle. En el caso que al trabajador la empresa donde presta servicios le niegue tareas o bien sea notificado por la agencia que lo suspende por 45 días sin goce de sueldo, tiene derecho a reclamar al real empleador que le otorgue tareas y registre la relación y no tiene obligación de esperar ese plazo para hacer un reclamo.

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EL TEXTO PERTENECE A http://www.derechoslaborales.com.ar/

FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS LOS VIGILADORES DE ARGENTINA

31/12/2015 Deja un comentario

FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS LOS VIGILADORES DE ARGENTINA, EN ESPECIAL LOS QUE ESTÁN DE SERVICIO ESTA NOCHE, COMO YO!

FELIZ 2016 LES DESEA OSTV

FELIZ 2016 LES DESEA OSTV

FELICES FIESTAS, COMPAÑEROS VIGILADORES…

25/12/2015 Deja un comentario

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MOVILIZACIÓN 14 DE OCTUBRE DE 2015

13/10/2015 Deja un comentario

COMPAÑEROS: MAÑANA 14 DE OCTUBRE LOS CONVOCAMOS A RECLAMAR POR LOS DERECHOS DE LOS VIGILADORES DEL FERROCARRIL. ES A LAS 10 HORAS EN AVENIDA LIBERTADOR Y RAMOS MEJIA, EN RETIRO…
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NOVEDADES GREMIALES

08/09/2015 Deja un comentario

La Corte anuló una sentencia que avalaba el desafuero de un delegado gremial

Fuente: Adriana Meyer, Diario Página/12 – Septiembre 08, 2015

Los jueces del máximo tribunal admitieron el recurso interpuesto por el Ceprodh y ordenaron a la Suprema Corte bonaerense dictar un nuevo pronunciamiento en el caso de Víctor Ottoboni, un trabajador y dirigente gremial de la empresa FATE.

El emblemático caso de Víctor Ottoboni, delegado gremial desaforado y despedido por la empresa FATE, generó un nuevo fallo bisagra: La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la sentencia que había permitido excluirlo de su tutela sindical para poder ser echado por la firma.

Tras una intensa campaña y movilización, el recurso de queja fue atendido por el máximo tribunal dado que su par bonaerense le había quitado la instancia de apelación, aplicando la doctrina menemista surgida al calor de la frexibilización laboral.

“La Corte provincial tiene que emitir un nuevo pronunciamiento pero el fallo en sí de los jueces de la Corte Suprema nacional es progresivo, porque se planta claramente a favor de la libertad sindical, justo en un momento que ellos mismos tienen que discutir sobre la titularidad del derecho a huelga”, explicó a Página/12 Rubén Tripi, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). Además del paraguas legal que se amplía a favor de los llamados delegados de base y de las comisiones internas que no responden a las conducciones sindicales burocráticas, en los hechos el caso Ottoboni abre las puertas para todos aquellos trabajadores despedidos por su activismo gremial que no se conforman con una indemnización y pretenden ser reinstalados en sus puestos.

Sin disidencias, los jueces de la Corte Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt admitieron el recurso federal interpuesto por el Ceprodh y mandaron dictar un nuevo pronunciamiento, tomando los argumentos de la subprocuradora Irma Adriana García Nietto.

La funcionaria había considerado que “ni la legislación ni los jueces locales pueden vedar el acceso de los litigantes a la instancia superior”, y subrayó que “el argumento principal de la defensa del trabajador se fundó en el principio de libertad sindical, establecido en el artículo 14 bis de la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos”.

Para la Corte, lo que está en juego en este caso es “la consagración del ejercicio de esa libertad, en especial en lo relativo a la representación de los intereses de los trabajadores, el derecho a reunión y el derecho a formular un programa de acción”.

En diálogo con Página/12, Tripi explicó que en la provincia de Buenos Aires no hay cámaras de apelación en la justicia laboral, hay que ir a la Corte, donde no analizan todo el caso de nuevo. “Los recursos locales suelen ser rechazados, muy restringidamente admiten que la doctrina del desafuero es un primer tramo de un proceso. En general, consideran que si lo despide la empresa está despedido, que haga juicio por la indemnización.”

Además, la Corte bonaerense, que ejerce las funciones de una cámara de casación en el ámbito laboral, no concedía el recurso federal para seguir peleando los casos en la de la Nación. “Al lograr ir a la Corte nacional cambiamos veinte años de jurisprudencia, ahora eso se puede aplicar a cualquier trabajador invocando el caso Ottoboni”, concluyó. En este sentido, destacó que no lo lograron solos sino con una “fuerte campaña de militancia y personalidades que apoyaron”, además del rol de amicus curiae que cumplieron abogados laboralistas y ATE Capital. Esta sentencia se da en un momento crucial porque la Corte debe decidir sobre la titularidad del derecho a huelga en el caso Orellano c/Correo.

“Es un triunfo en lo personal, pero más en lo que representa la jurisprudencia bonaerense. Los delegados sindicales no tenemos derecho a apelar cuando perdemos en primera instancia, éste un fallo que sienta un precedente muy importante a nuestro favor”, dijo a este diario Ottoboni, cuyo despido nunca se concretó y va camino a ser revertido.

A principios de 2008, la seccional San Fernando del Sindicato Unico de Trabajadores de Neumático de la Argentina (SUTNA) estaba en un intenso conflicto con las empresas del sector por paritarias y por el convenio colectivo de trabajo. FATE inició diferentes juicios de exclusión de tutela sindical contra delegados del sector y la comisión ejecutiva del Sutna, al mismo tiempo que radicaba denuncias penales contra ellos y despedía a 80 trabajadores que habían participado de una huelga. Por su parte, los empleados denunciaron que la planta de Victoria estuvo varios meses “militarizada”, con presencia policial, perros y filmaciones de sus desplazamientos. El conflicto tuvo un saldo de 200 despedidos de todas las empresas.

Entre los pedidos de desafuero se encontraba el de Ottoboni, a quien denunciaron por realizar asambleas en su sector, por haber detenido dos máquinas que estaban funcionando incorrectamente, participado de medidas de acción directa en el depósito e ingresado a la fábrica en forma clandestina junto a otros tres delegados. Todos fueron detenidos y el Tribunal de Trabajo 1 de San Isidro les quitó los fueros porque consideró “verosímiles las razones esgrimidas por la empresa para solicitar la exclusión de la garantía sindical”. Ottoboni, quien trabaja en FATE desde hace once años, consideró que “en zona norte hay una evidente persecución a las comisiones internas con delegados nuevos que deciden en asamblea”. Y recordó que fue absuelto de todas las denuncias penales que la empresa hizo en su contra.

Fuente: Adriana Meyer, Diario Página/12

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